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Pablo Gómez, diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentó una iniciativa parlamentaria en la que se ofrece una amnistía a los últimos cinco ex presidentes de México (Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto).

El legislador federal llevó al pleno del Palacio de San Lázaro esta iniciativa el lunes 14 de septiembre, la cual precisa que si el pueblo de México decide perdonar a los ex presidentes, en caso de que hubieran cometido algún delito durante el ejercicio del mandato presidencial, no sean sometidos a procesos judiciales.

Esta propuesta aparece en un contexto donde se realiza una consulta ciudadana para saber si los mexicanos quieren que se investigue a los ex presidentes de México y, en caso de que se les encuentren delitos durante su mandato, sean sometidos a juicio.

La consulta termina el martes 15 de septiembre y sólo se trata de una pregunta abierta: ¿Estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los ex presidentes de México y, en su caso, se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?

De acuerdo con el presidente de la Comisión del Comité de Decanos de la Cámara de Diputados, la ciudadanía es quien debe de decidir si los ex presidentes deben de ser sometidos a juicios, pues si ya existe una consulta a la que acudirán a opinar quienes no están dispuestos a perdonar, en contramedida, también debería de preguntarse lo opuesto.

“¿Qué ofensas del pasado puede olvidar el pueblo de México? Más directamente, ¿Está dispuesto el pueblo de México a perdonar a los ex presidentes los delitos en los que pudieron incurrir durante su mandato? Es nuestro deber preguntar”, explicó.

Del mismo modo, durante la sesión, Gómez Álvarez explicó que si la consulta señala que los mexicanos perdonan a los ex presidentes, los legisladores federales deberían de actuar en consecuencia y promover la amnistía; sin embargo, si los mexicanos votan por el no, la propuesta se debe de desechar.

Si la decisión mayoritaria fuera por sí, el Poder Legislativo estaría obligado a expedir la ley y el Poder Ejecutivo tendría que promulgarla. Si fuera no, la Cámara de origen tendría que desechar la iniciativa”, agregó.

Para la participación de estas consultas, los ciudadanos empadronados al Instituto Nacional Electoral (INE), solo tienen que acudir a los módulos correspondientes con su credencial para votar vigente; sin embargo, a pesar de la participación es sumamente sencilla, los aplicadores han manifestado que existe un problema de recolección de firmas, pues para que la consulta tenga validez, se debe de contar con una participación del 2% de los empadronados, alrededor de 1,800,000 personas.

No obstante existen otras dos metodologías para obtener la aprobación del juicio a ex presidentes.

La primera es que el jefe del ejecutivo federal, dentro de sus atribuciones, envie un decreto directo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que ésta última valore la iniciativa y delibere respecto a su constitucionalidad.

La segunda es que el poder Legislativo federal trabaje en una reforma integral que formule, reforme, agregue y/o derogue las leyes pertinentes para que esto sea una realidad y, necesariamente, debe de tener una aprobación de dos terceras partes de diputados y senadores.

Al respecto, Pablo Gómez coincidió en que la consulta ciudadana es la manera más directa de conocer el parecer del pueblo. Es por ello que, la Cámara de Diputados aprobó el formato adecuado para la recolección de firmas para realizar la consulta popular el pasado 2 de septiembre; sin embargo, y a pesar de haber tenido una promoción por militantes de Morena y colectivos de derechos humanos, aún no se tiene la certidumbre de que se lograra la recolección de las firmas necesarias.

FUENTE: INFOBAE.COM

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